La Alcaldía de Villavicencio radicará un proyecto de acuerdo ante el Concejo Municipal para solicitar una adición presupuestal de $4.751 millones, de los cuales, $2.000 millones se destinarán a cubrir el costo de la alimentación de las personas recluidas en los centros de detención transitoria de la ciudad. Esto se debe a que el 30 de junio perderá vigencia la Ley 2346 de 2024, que asignaba esta responsabilidad a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC).
A principios de mayo, varios alcaldes del país, incluido el mandatario local, Alexander Baquero, habían manifestado su insatisfacción con esta decisión del Gobierno Nacional, debido a la reducción de recursos municipales. Sin embargo, al no encontrar alternativas rápidas, a partir del 1 de julio la administración deberá acoger la normativa y cubrir el costo de la alimentación en estaciones de Policía, Unidades de Reacción Inmediata (URI) y otros centros similares.
“Con el presidente de la Corte Constitucional, Magistrado Jorge Enrique Ibáñez, estuvimos gestionando una reunión con la exministra de Justicia y Derecho, Ángela María Buitrago, pero ante su reciente renuncia, optamos por realizar dicho traslado presupuestal”, explicó Baquero.
La ciudad alberga actualmente a cerca de 500 personas retenidas transitoriamente en estos centros, lo que implica que al año se requiera de alrededor de $10.000 millones del presupuesto municipal. Para cubrir los gastos de los primeros meses, fue necesario recortar recursos de diversas dependencias.
