Las gobernaciones del Meta y Casanare alertaron que, a partir del 1 de diciembre de 2025, la región podría quedarse sin gas natural vehicular (GNV). En un comunicado conjunto denunciaron que, aunque Ecopetrol publicó las asignaciones de gas para el próximo año, los operadores de ambos departamentos no recibieron ninguna cantidad de GNV, decisión que pone en riesgo la movilidad, la recolección de basuras y la economía de más de 248.000 familias en los Llanos Orientales.
El panorama es crítico porque gran parte del transporte público y de servicios esenciales de la región depende de este combustible. A esto se suma la vulnerabilidad que ya generan los cierres en las vías Bogotá–Villavicencio y Sogamoso–Yopal, lo que, según las administraciones, agrava el riesgo de parálisis en la Orinoquía.
Ante esta situación, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, y el gobiernador de Casanare, César Ortiz, hicieron un llamado urgente debido a que las empresas Llanogas, Madigas, Cusianagas y Enerca son las más afectadas, ya que no tienen acceso a otras fuentes de suministro. “Las alternativas de gas importado o compras en el mercado secundario no resultan viables, teniendo en cuenta que Casanare, Meta y Arauca producen cerca del 65 % del gas natural de Colombia y que las necesidades identificadas para GNV corresponden tan solo el 0,72 % de la demanda esencial del interior del país”, señala el documento.
Según las gobernaciones, el impacto sería inmediato: cerca de 10.757 vehículos registrados en el SICOM y que se abastecen en las 34 estaciones de servicio de la región quedarían sin suministro. Más del 50 % de los compactadores de basura funcionan con este combustible, lo que podría derivar en una emergencia sanitaria si la recolección se paraliza. Además, el precio del GNV podría subir en torno a un 50 %, pasando de $3.700 a $5.500, encareciendo el transporte y los costos de producción.
Además, recuerdan que desde enero de 2025 ya habían advertido al Ministerio de Minas y Energía, al Ministerio de Transporte y a Ecopetrol sobre el riesgo de desabastecimiento. Incluso, cuando la empresa abrió un nuevo proceso de comercialización, los operadores y las administraciones solicitaron garantizar cupos con puntos de entrega en Floreña y Cusiana, apelando a la prelación regulatoria para los Llanos Orientales. Sin embargo, las solicitudes fueron ignoradas.
En junio de 2025, los operadores aseguraron gas para los sectores residencial y comercial en 2026, pero el GNV y el sector industrial quedaron sin cobertura, generando un panorama crítico para la movilidad y la economía regional.
La normativa vigente —Decreto 1073 de 2015 y las Resoluciones CREG 102 009 de 2024 y 102 015 de 2025— obliga a priorizar la demanda esencial de zonas como los Llanos, donde están incluidos el transporte público y la recolección de residuos.
Por ahora, Meta y Casanare trabajan en la búsqueda de alternativas con el Gobierno Nacional, Ecopetrol, gremios y operadores, pero advierten que solo una acción urgente y estructural evitará que la Orinoquía enfrente un colapso en la movilidad, un impacto económico severo y riesgos sanitarios a partir de diciembre.
