El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó la apertura de un proceso administrativo que busca revocar la inscripción de Ricardo Jaramillo Beaumont como candidato a la Cámara de Representantes por el Partido de la U en el Meta. A través de un auto oficial emitido el 30 de enero de 2026, el magistrado Álvaro Hernán Prada ordenó la recolección inmediata de pruebas para determinar si el aspirante se encuentra incurso en una causal de inhabilidad que le impediría participar en las próximas elecciones del 8 de marzo.
La demanda instaurada por Juan Camilo Restrepo Arboleda señala presuntos vínculos directos de Jaramillo con el Grupo Empresarial RBJ y la firma Multisalud S.A.S., empresas que actualmente ejecutan contratos de salud financiados con recursos públicos en el departamento. Según el expediente, el candidato sería el propietario de miles de acciones en estas entidades, las cuales prestan servicios a la Nueva EPS y a diversas administraciones locales. Además, sostiene que esta relación contractual genera un beneficio económico directo para el candidato en la misma jurisdicción donde pretende ser elegido, configurando un presunto conflicto de intereses.
El documento judicial también trae a colación el antecedente de su esposa, Claudia Patricia Garzón Torres, quien en el año 2020 fue sancionada con destitución por la Procuraduría General de la Nación. En aquel entonces, Garzón enfrentó un proceso similar por violar el régimen de inhabilidades al ejercer como diputada del Meta mientras mantenía vínculos contractuales con el sector salud. El demandante argumenta que en el caso actual de Jaramillo se estaría repitiendo las mismas irregularidades que afectó la carrera política de su esposa.
Ante la gravedad de los señalamientos, el CNE solicitó de manera urgente a la Cámara de Comercio de Villavicencio y a la propia empresa Multisalud S.A.S. los documentos que certifiquen la composición societaria y la mesa directiva de estas organizaciones. De igual forma, requirió registros civiles para confirmar los parentescos mencionados en la queja y verificar si existe una violación formal a las normas de contratación estatal y representación política.
Finalmente, el CNE ha otorgado un plazo de un día hábil para que Ricardo Jaramillo aporte las pruebas que considere en su defensa pertinentes para desvirtuar la acusación. Asimismo, aclara que el inicio de esta investigación no implica un prejuzgamiento, sino la necesidad de recaudar pruebas técnicas y oficiales antes de decidir si la candidatura de Jaramillo sigue en firme o es anulada definitivamente.
