En medio de la controversia por la tala de 88 árboles que contempla el proyecto de modernización la de Avenida Catama, suspendida por orden del Juzgado Octavo Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Villavicencio, mientras se estudia la tutela interpuesta por los ciudadanos, la alcaldía señaló que cuenta con un programa de compensación ambiental.
Según el alcalde Alexander Baquero, la intervención forestal cuenta con respaldo técnico que establece que algunos árboles han cumplido su ciclo de vida útil y representan afectaciones para la infraestructura, por lo que se autorizó su retiro.
“Estos árboles están generando inseguridad, en muchos casos presentan raíces superficiales, otros están afectando las redes de acueducto y alcantarillado; todos esos altibajos que pencontramos cuando transitamos por esta vía, se deben a que las raíces han levantado algunas losas de la placa”, afirmó el mandatario.
Frente a las medidas de compensación, Baquero sostuvo que contaba con los permisos e la autoridad ambiental. “Aparte de la tala autorizada, como medida de compensación se sembrarán 850 árboles, requisito establecido por Cormacarena. Además, se construirá un separador con nuevas especies que contribuirán al mejoramiento paisajístico y ambiental del sector”, puntualizó.
Asimismo, el mandatario aseguró que la plantación de estos árboles hace parte del Plan de Ornato de Villavicencio, documento que establece los lineamientos para la arborización de parques, separadores y zonas verdes urbanas.
El alcalde indicó además que espera que durante el proceso judicial sean tenidos en cuenta los conceptos emitidos por profesionales ambientales y forestales que respaldan la necesidad de la intervención.
“Esta medida cautelar puede afectar el avance de la obra, pero esperamos que se valoren los criterios técnicos y los estudios realizados por los expertos ambientales y forestales”, expresó.
Cabe recordar que la acción de tutela, fue interpuesta por la presunta vulneración de derechos fundamentales de acceso a la información pública ambiental, la participación ciudadana en asuntos ambientales, el debido proceso administrativo y el derecho a un ambiente sano, este último en conexidad con los derechos a la vida digna y la salud.
