La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia manifestó su preocupación por las agresiones y amenazas contra comunidades campesinas beneficiarias de la política de Reforma Agraria en los departamentos de Meta, Córdoba, Cundinamarca y Valle del Cauca. Según el organismo, estas personas están siendo intimidadas para que abandonen los predios recibidos del Estado, incluidos algunos adjudicados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE). “Estas amenazas y ataques serían responsabilidad de terceros”, señaló la entidad a través de su cuenta en X.
“Condenamos estas amenazas y agresiones para que las personas campesinas o que trabajan en zonas rurales dejen sus tierras y se desplacen de los lugares que el Estado les ha entregado”, señaló.
Asimismo, hizo un llamado a las autoridades para garantizar la seguridad de estas comunidades. “Urgimos a que todas las personas campesinas y que trabajan en zonas rurales sean protegidas en su vida e integridad, y que tanto este Gobierno actual como el Gobierno siguiente proteja jurídicamente sus tierras”.
Además, la ONU pidió a las entidades territoriales y al Gobierno Nacional adoptar acciones urgentes para prevenir nuevos hechos de violencia y garantizar la protección de las comunidades campesinas y sus tierras.
“Llamamos a las autoridades a investigar, juzgar y sancionar, a los autores materiales e intelectuales, de las agresiones ocurridas en la última semana contra campesinos y personas que trabajan en zonas rurales”, expresó.
El caso más grave ocurrió en el Meta
La Agencia Nacional de Tierras (ANT) señaló que uno de los hechos de mayor gravedad se registró en la finca La Primavera, ubicada en la vereda Nare, en el municipio de Puerto López, Meta.
Según la entidad, hacia la 1:00 de la madrugada del pasado 24 de junio, cuatro hombres encapuchados y armados ingresaron al predio, que había sido entregado el 28 de mayo a una organización campesina como parte de la política de Reforma Agraria.
Durante el ataque, cuatro personas adultas y una adolescente de 14 años fueron golpeadas y torturadas con machetes y palos, por lo que debieron ser trasladadas de urgencia al hospital de Puerto López. Además, los agresores incendiaron la planta eléctrica, vehículos y otros bienes de la comunidad.
La finca La Primavera había pertenecido a Ignacio Álvarez Meyendorff, quien fue extraditado a Estados Unidos y condenado por delitos relacionados con el narcotráfico, antes de ser incorporada al proceso de Reforma Agraria.
