Un juez administrativo de Villavicencio ordenó suspender el giro de cerca de 30.000 millones de pesos correspondientes al anticipo para la construcción del malecón turístico de Cabuyaro (Meta), una obra financiada con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) y cuyo presupuesto supera los 59.000 millones de pesos.
La decisión fue adoptada por el Juzgado Primero Administrativo Oral de Villavicencio al acoger una solicitud de medida cautelar presentada por la Procuraduría General de la Nación dentro de una acción popular.
Según el Ministerio Público, la medida busca proteger los derechos colectivos relacionados con la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público, luego de advertir un presunto riesgo derivado de la contratación de la obra y su interventoría, que al parecer se realizó de manera directa, sin adelantar un proceso de licitación pública como lo exige la ley.
En la acción popular, la Procuraduría argumentó que era necesario impedir el desembolso del anticipo, ya que, de efectuarse, Asomunicipios E.A.T. trasladaría cerca de 30.000 millones de pesos a los contratistas, recursos que, según el ente de control, “serán utilizados para celebrar otros negocios jurídicos para el cumplimiento contractual con terceros de buena fe, a quienes no se les podría exigir el reintegro, y que, de esperar una decisión de fondo, sería imposible la salvaguarda del patrimonio público, configurándose un perjuicio irremediable”.
En su decisión, el despacho judicial ordenó a Asomunicipios E.A.T. abstenerse de girar los recursos pactados como anticipo. Asimismo, en caso de que el desembolso ya se hubiera realizado, exhortó a las firmas Daca Ingeniería y JC Arquitectos a no comprometer ni utilizar esos recursos hasta que se adopte una decisión de fondo sobre la acción popular o se revoque la medida cautelar.
