La Contraloría General de la República reveló los resultados de una auditoría financiera al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), correspondiente a la vigencia 2025, en la que identificó diez hallazgos con incidencia fiscal por $176.795 millones, además de doce hallazgos con presunta incidencia disciplinaria y uno con posible alcance penal.
El Meta hace parte de las zonas donde se detectó uno de los mayores presuntos detrimentos patrimoniales del país.
Según el informe, la Contraloría identificó un pago indebido de servicios médico-asistenciales represados e intereses por $133.255 millones a la Unión Temporal Medisalud, encargada de la Región 4 (Boyacá, Casanare y Meta), y a la UT Redvital, que opera en Antioquia y Chocó. El ente de control señaló que estos recursos debían ser asumidos por los operadores salientes y entrantes, de acuerdo con los contratos suscritos, por lo que su pago con recursos del FOMAG habría generado un detrimento al patrimonio público.
La auditoría también concluyó que las cuentas del FOMAG no fueron fenecidas para la vigencia 2025, debido a una subestimación del pasivo por $598.363 millones, atribuida a una inadecuada reclasificación contable de obligaciones relacionadas con sanciones por mora.
Otro de los hallazgos corresponde a una denuncia presentada por la Gerencia Jurídica de Fiduprevisora. Tras revisar una muestra de 1.105 pagos, la Contraloría encontró presuntas irregularidades en el reconocimiento de la prima de mitad de año a docentes pensionados, sin cumplir los requisitos legales o contrariando decisiones judiciales que habían negado ese derecho. Esta situación habría ocasionado un detrimento patrimonial de $27.982 millones.
El organismo de control también evidenció el uso indebido de recursos del FOMAG para pagar sanciones moratorias previstas en la Ley 50 de 1990 por $5.479 millones, pese a que estos recursos tienen una destinación específica establecida por la ley.
A esto se suman pagos tardíos de cesantías y obligaciones relacionadas con pensiones y sanciones por mora, que generaron desembolsos adicionales por $2.531 millones en sanciones moratorias y $6.738 millones en intereses, debido al incumplimiento de los plazos legales.
La auditoría también detectó pagos de mesadas pensionales después del fallecimiento de docentes y beneficiarios por más de $419 millones, así como mayores valores pagados por pensiones de invalidez y sanciones por mora que superan los $369 millones.
Frente a estos resultados, la Contraloría reiteró que estas irregularidades se han identificado de manera recurrente en ejercicios anteriores de control fiscal y advirtió una presunta corresponsabilidad entre Fiduprevisora, como administradora del FOMAG, y las entidades territoriales. Por tanto, hizo un llamado para fortalecer los mecanismos de control y administración de los recursos públicos, con el fin de evitar que continúen presentándose pagos irregulares.
