Villavicencio fue una de las seis ciudades donde la Fiscalía General de la Nación adelantó un amplio operativo contra un presunto entramado de corrupción que habría utilizado el Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social “Sierra Nevada” para direccionar contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), por un valor superior a los 3 billones de pesos.
Los operativos, realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), se desarrollaron de manera simultánea en Villavicencio, Bogotá, Cartagena, Valledupar, Sogamoso y Pereira, donde fueron capturadas 13 personas, entre ellas el alcalde de María La Baja (Bolívar), el exalcalde de La Paz (Cesar), un contratista y varios exdirectivos y funcionarios vinculados al Fondo Mixto “Sierra Nevada”.
Según la Fiscalía, la investigación estableció que funcionarios públicos y particulares habrían utilizado este fondo para concentrar la ejecución de cerca de 480 proyectos financiados con recursos de regalías de los cuales 270 son de infraestructura, 77 de educación, 72 de agua potable y saneamiento básico, 80 de deporte y recreación, 175 de gestión de riesgo, 14 de salud, 11 de energía eléctrica y 26 contratos para el mejoramiento vial.
Además, señaló la presunta participación de cinco gobernadores en ejercicio y dos exgobernadores, la mayoría pertenecientes a departamentos de la región de la Orinoquía. Entre los mandatarios mencionados figuran Óscar Sánchez (Amazonas), Luis Alfredo Gutiérrez (Vaupés), Fulberto Guevara (Vichada) y Ferney López (Guaviare), además de María Margarita Guerra (Magdalena). Asimismo, fueron vinculados al proceso los exgobernadores Rafael Alejandro Martínez (Magdalena) y Álvaro León Flórez (Vichada), cuya situación jurídica será definida conforme avance la investigación.
La Fiscalía sostiene que los presuntos implicados habrían implementado un manual de contratación propio que les permitía adjudicar contratos y subcontratos a terceros e incluso a integrantes de la misma organización, con el propósito de mantener el control sobre la ejecución de los recursos públicos.
Según el ente acusador, los contratos también habrían sido direccionados mediante procedimientos presuntamente irregulares, soportados en documentos, actas y registros falsos que, al parecer, indujeron en error a distintas autoridades para evadir los controles establecidos en la contratación pública.
Durante la operación se realizaron 15 allanamientos, en los que fueron incautados equipos y documentos considerados de interés para la investigación. En el despliegue participaron 105 servidores de policía judicial.
En las próximas horas, los capturados serán presentados ante un juez de control de garantías para la legalización de las capturas, la formulación de imputación y la solicitud de medidas de aseguramiento. De acuerdo con la participación atribuida a cada uno, la Fiscalía les imputará delitos como concierto para delinquir agravado, fraude procesal, falsedad en documento privado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, prevaricato por acción y por omisión, y peculado por apropiación.
