La directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Lina María Garrido, lanzó fuertes cuestionamientos contra la anterior administración de la entidad, encabezada por Juan Felipe Harman, luego de que una sesión de la Comisión Primera del Senado fuera aplazada por falta de cuórum.
Garrido aseguró que permaneció durante más de cinco horas esperando el inicio de la sesión, a la que había sido convocada para explicar los resultados que ha encontrado tras poco más de un mes al frente de la ANT y exponer sus planes para el campesinado colombiano.
La funcionaria responsabilizó a congresistas del Pacto Histórico de abandonar el recinto y sostuvo que, con su ausencia, se evitó discutir públicamente los hallazgos que, según afirmó, serán trasladados a las autoridades.
“Yo me voy a encargar, por directriz del señor presidente, que conozcan todos los actos de corrupción que hicieron durante la administración de Harman”, afirmó la directora.
Garrido aseguró que uno de los asuntos que más le preocupa es el manejo de los recursos de la entidad. Según su denuncia, la administración anterior habría destinado cerca de $40.000 millones en asuntos logísticos durante el primer semestre de 2026, en plena época electoral.
La directora también cuestionó los resultados en materia de formalización de tierras. Afirmó que la anterior administración entregó 99.477 hectáreas con título de propiedad, frente a una meta de tres millones de hectáreas, lo que, de acuerdo con sus cifras, representa el 6,6 % del objetivo.
“Si Colombia se sorprendió con lo que pasó en la Unidad para la Gestión del Riesgo, no se imagina lo que conocerá cuando nosotros interpongamos todas las denuncias de lo que sucedió en la Agencia Nacional de Tierras”, sostuvo Garrido.
Otro de los puntos señalados por la directora está relacionado con los recursos destinados a la adquisición de predios. Garrido afirmó que fueron utilizados más de $5 billones para compra de tierras y aseguró que existen denuncias sobre posibles incrementos en los precios de algunos terrenos.
A esto se suma, según la funcionaria, una deuda cercana a $1 billón que habría quedado a cargo de la entidad.
Garrido sostuvo que estos asuntos serán revisados y que su administración tiene la obligación de poner los posibles hallazgos en conocimiento de las autoridades competentes.
“Tengo un compromiso con el país y así ha sido la directriz del presidente de la República: poner en conocimiento de todas las autoridades estos hallazgos”, manifestó.
Las afirmaciones corresponden a señalamientos de la actual directora de la ANT. Cualquier eventual responsabilidad administrativa, fiscal o penal deberá ser establecida por las autoridades competentes a partir de las investigaciones correspondientes.
Más allá de las denuncias, Garrido aseguró que su administración buscará concentrarse en la formalización y titulación de predios para los campesinos.
La funcionaria cuestionó que parte de las promesas hechas durante la anterior administración en el marco de la Reforma Agraria se hubieran traducido, según su apreciación, en entrega de tierras sin la suficiente formalización jurídica.
“Queremos que, como empresarios del campo, tengan seguridad jurídica sobre sus tierras. Formalización y títulos para que puedan dignificar su vida. Esa es la verdadera Reforma”, afirmó.
La directora cerró señalando que pretende aumentar los resultados de la ANT con los recursos actualmente disponibles y llevar la política de formalización a diferentes regiones del país.
