El exdirector de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, respondió a los cuestionamientos de la actual directora de la entidad, Lina Garrido, quien anunció denuncias penales y quejas disciplinarias por presuntas irregularidades en el manejo de recursos, contratación y entrega de tierras durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.
“Lina Garrido está preocupada, ¿que en dónde están los $7 billones? Parece que no sabe hacer cuenta, las vamos a hacer por ella”, afirmó Harman.
El exdirector explicó que, a su juicio, la cifra no puede entenderse únicamente como dinero gastado por la administración anterior, pues una parte estaría representada en activos y tierras vinculadas a los procesos de reforma agraria.
Según Harman, cerca de $1,8 billones corresponden a convenios suscritos con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y el Fondo para la Reparación de las Víctimas (FRV). El exfuncionario sostuvo que esos procesos deben culminar con la formalización de las escrituras y la transferencia jurídica de los predios a nombre de la ANT.
“Convenios que ustedes tienen que culminar la firma de cada escritura, la transferencia jurídica a nombre de la Agencia Nacional de Tierras”, manifestó.
Harman agregó que los estados financieros de la entidad mostrarían alrededor de $5 billones en activos representados en tierras destinadas a la reforma agraria, además de unos $200.000 millones en equipos técnicos, profesionales y otros servicios requeridos para el funcionamiento de la Agencia.
Con esos argumentos, el exdirector insistió que la cifra de $7 billones mencionada por Garrido incluye activos y recursos relacionados con la operación de la ANT y no corresponde exclusivamente a gastos ejecutados.
“Coja una calculadora, póngase a estudiar, conozca la entidad que tiene para ver si deja de armar escándalos sin saber siquiera sumar cuáles son los activos de la entidad que usted dirige”, cuestionó Harman.
¿Qué irregularidades denunció la directora Lina Garrido?
Las declaraciones de Harman se conocen luego de que la directora Lina Garrido asegurara que continuará llevando ante los organismos de control los hallazgos que, según ella, han sido identificados mediante auditorías forenses realizadas en la ANT. “Ya he puesto algunas denuncias, pero faltan muchísimas más”, afirmó la directora.
Uno de los principales cuestionamientos de Garrido está relacionado con el crecimiento de los contratos de prestación de servicios durante el cuatrienio anterior. Según las cifras entregadas por la funcionaria, durante cuatro años se habrían suscrito cerca de 40.000 contratos y vinculado alrededor de 28.000 contratistas, con un gasto de aproximadamente $1,6 billones en contratos de prestación de servicios.
La directora también puso en duda que el volumen de personal contratado se haya traducido en una respuesta suficiente a las solicitudes de los ciudadanos y otras entidades.
“¿Por qué tenemos más de 105.000 peticiones pendientes de respuesta? Ahora tenemos más de 600 requerimientos del Congreso de la República que desde 2025 no fueron respondidos?”, cuestionó Garrido.
Otro de los puntos de controversia está relacionado con los resultados de la política de tierras. Garrido señaló que, de una meta de 3,9 millones de hectáreas establecida para formalización durante el Gobierno de Gustavo Petro, se habría alcanzado el 41 %.
En materia de entrega de tierras, afirmó que de las 1,5 millones de hectáreas previstas únicamente se concretó la entrega de 99.477 hectáreas, equivalente al 6,6 %, según las cifras presentadas por la actual administración.
La directora sostuvo que estas cifras deben analizarse junto con el presupuesto administrado por la Agencia durante los últimos años.
Según su exposición, los gastos de funcionamiento y recursos destinados a inversión fueron de $1,85 billones en 2023; $4,2 billones en 2024; $1,7 billones en 2025, y $1,1 billones en 2026.
Garrido también señaló presuntas irregularidades en el convenio entre la ANT y la SAE, cuyo valor, según indicó, ronda el billón de pesos en predios.
Entre los hallazgos que mencionó están presuntos dobles avalúos, predios que no tendrían vocación agropecuaria y diferencias entre conceptos agronómicos.
Sobre el convenio con el Fondo para la Reparación de las Víctimas, por más de $500.000 millones, la directora citó el caso de un predio de más de 1.164 hectáreas ubicado en Puerto López, Meta.
Según el relato de Garrido, el terreno fue entregado a una asociación campesina cuya representante legal habría manifestado que los integrantes de la organización no eran campesinos y que residían en Villavicencio.
La controversia queda ahora también en manos de los organismos de control, quienes deberán determinar si los hechos denunciados por la actual administración de la ANT constituyen irregularidades y establecer las responsabilidades.
