La directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Lina Garrido, respondió a las explicaciones entregadas por el exdirector de la entidad, Juan Felipe Harman, sobre el manejo de los cerca de $7 billones ejecutados durante la administración anterior, en el gobierno de Gustavo Petro.
Harman había señalado que ese monto no podía interpretarse como dinero simplemente gastado, pues una parte importante estaría representada en tierras y otros activos de la Agencia. Según su explicación, cerca de $1,8 billones corresponden a convenios con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y el Fondo para la Reparación de las Víctimas (FRV), mientras que alrededor de $5 billones estarían representados en tierras destinadas a la reforma agraria. También mencionó $200.000 millones en equipos técnicos, profesionales y otros servicios de funcionamiento.
“Lina Garrido está preocupada, ¿que en dónde están los $7 billones? Parece que no sabe hacer cuentas, las vamos a hacer por ella”, afirmó Harman, quien agregó que los procesos con la SAE y el FRV deben culminar con la formalización de las escrituras y la transferencia jurídica de los predios a nombre de la ANT.
Frente a esa explicación, Garrido sostuvo que el cuestionamiento no se limita a establecer dónde están registrados los recursos, sino a cómo fueron utilizados. La directora aseguró que la revisión de la administración anterior encontró más de $5 billones destinados a la compra de tierras, además de recursos millonarios destinados a contratación y otros gastos.
Uno de los principales cuestionamientos de la directora está relacionado con un convenio de aproximadamente $1 billón con la SAE. Según explicó, se utilizaron recursos públicos para adquirir predios que, a su juicio, podían llegar a la ANT sin necesidad de comprarlos.
“Se utilizó un billón de pesos para comprarle tierras a la SAE, cuando esas tierras podían llegar a la Agencia Nacional de Tierras a título gratuito”, señaló.
La también cuestionó los precios de algunos terrenos adquiridos durante la administración anterior. Aseguró que encontró predios con valores de $200 millones, $400 millones y hasta $700 millones por hectárea, además de casos en los que, según su revisión, existirían problemas jurídicos, restricciones o terrenos sin vocación agropecuaria, “¿a quién estaban beneficiando realmente?”, cuestionó Garrido.
Además, la directora afirmó que durante los cuatro años anteriores se realizaron cerca de 40.000 contratos con unos 28.000 contratistas, y que el gasto en contratos de prestación de servicios llegó a cerca de $1,6 billones.
Garrido también cuestionó otros gastos de la entidad. En su exposición mencionó alrededor de $166.000 millones en asuntos jurídicos y cerca de $52.000 millones relacionados con planes de medios, además de aproximadamente $40.000 millones destinados a logística durante el primer semestre de 2026.
La directora vinculó estos cuestionamientos con los resultados de la política de tierras. Según sus cifras, durante la administración anterior se entregaron 99.477 hectáreas con título de propiedad, mientras que la meta planteada era significativamente mayor.
Garrido sostuvo que su administración revisará las operaciones “peso por peso” y “predio por predio” y anunció que los hallazgos serán puestos en conocimiento de los organismos de control. Asimismo cuestionó que comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes hubieran recibido, según dijo, entregas de tierras sin que posteriormente se resolviera su situación jurídica.
Garrido anunció que las situaciones que considere irregulares serán trasladadas a las autoridades.
