El Concejo Municipal de Villavicencio aprobó el proyecto de acuerdo que modifica el Estatuto de Rentas y establece nuevas tarifas del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) para 32 actividades económicas. Una iniciativa, presentada por la administración del alcalde Alexander Baquero, que fue respaldada por 12 concejales.
Entre los cambios aprobados se encuentra el incremento de la tarifa para bancos, aseguradoras, cooperativas financieras y empresas de telecomunicaciones, que pasarán a pagar 20 por mil sobre sus ingresos gravables, frente a las tarifas del 5 y 10 por mil que tributaban anteriormente. Las actividades de transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica también pagarán el 20 por mil.
Asimismo, la venta de alimentos, bebidas y tabaco en comercio no especializado subirá del 2 al 10 por mil —manteniendo un 2 por mil para quienes tengan máximo dos locales—, la venta mayorista de bebidas y tabaco pasará del 2 al 7 por mil, y la comercialización de vehículos usados, motos y autopartes aumentará del 6 al 8 por mil.
La votación contó con el respaldo de Armando Baquero, Fabián Bobadilla, William Hernández, Edilberto Landaeta, Elkin Zapata, Carlos Velásquez, Omar López, Carlos Morales, Javier Robayo, Omar Vaca, Javier Uriza y William Sánchez. En contra votaron los concejales Gustavo Basto, Camilo Chávez y Cristian Nieves, mientras que Karen Medina, Diego Garay, Luis González y Carlos Serrato no registraron voto.
La aprobación del proyecto generó una fuerte reacción en el sector gremial de la capital del Meta. Desde la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) Regional Meta, su gerente Alexander Tovar y el presidente de la junta directiva Juan Francisco Prieto expresaron su “profunda preocupación y desacuerdo técnico” con la norma. El gremio advirtió que la medida generará un “efecto contractivo” que pondrá en riesgo el 10 % del empleo formal de la ciudad, reducirá el flujo de caja de las empresas y frenará la viabilidad de la Vivienda de Interés Social (VIS) y Prioritario (VIP), precios que no pueden ajustarse al estar regulados por topes legales.
Además, Camacol alertó sobre un “efecto cascada” inflacionario en los 34 subsectores de la construcción, estimando un aumento acumulado de entre el 4 % y el 6 % en los costos operativos de las obras. Por esta razón, solicitaron formalmente a la alcaldía y al concejo “la apertura urgente de una Mesa Técnica de Concertación antes de avanzar en los debates definitivos del proyecto”, proponiendo estructurar alternativas fiscales escaladas o incentivos específicos para salvaguardar el empleo y la vivienda de los villavicenses.
Por su parte, Fenalco Seccional Meta, bajo la dirección ejecutiva de Ángela Marcela Vásquez, manifestó su malestar por no haber sido convocados a la construcción de la iniciativa. La directiva señaló que limitar la tarifa preferencial a quienes tengan como máximo dos locales genera “situaciones inequitativas”, ya que el número de puntos de venta no refleja la verdadera capacidad económica de un comerciante, advirtiendo además que el aumento tributario se traducirá en “incrementos de precios, menor contratación o dificultades para mantener abiertos los establecimientos”.
Frente a esta situación, Fenalco solicitó a la administración municipal y a los concejales “que revisen el proyecto y no lo aprueben en sus condiciones actuales”. El gremio pidió abrir un- mesa de diálogo para evaluar la capacidad contributiva real por sector y explorar alternativas enfocadas en “la recuperación de cartera, la eficiencia del gasto público y el fortalecimiento del recaudo existente”, enfatizando que “fortalecer las finanzas del municipio no puede significar debilitar a quienes generan desarrollo económico para nuestra ciudad”, señaló en el comunicado.
