La decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de autorizar un acuerdo de fijación de precios para la compra de arroz paddy verde generó críticas entre los productores. El pacto fue concertado entre Fedearroz e Induarroz, pero sin la participación de los líderes que encabezaron las pasadas protestas. Aunque el Gobierno presentó la medida como un paso para garantizar estabilidad en la cadena arrocera, líderes gremiales consideran que los más afectados serán los campesinos.
La resolución 65722 del 29 de agosto de 2025 avaló en el sector agropecuario un precio mínimo de referencia para la compra del grano. El documento, que estará vigente hasta el 30 de octubre, contempla mecanismos de pago diferenciados por regiones y busca, según la SIC y el Ministerio de Agricultura, “condiciones comerciales justas y sostenible.”
Esta es la tabla oficial de precios de la resolución aprobada por la SIC, en la que el Ministerio de Agricultura aclaró que en la segunda casilla, donde señala a Puerto Lleras, en realidad corresponde a Puerto López:
Luis Apolinar, presidente nacional de Dignidades Arroceras, aseguró que el Gobierno dejó de lado a quienes cultivan el arroz y cedió ante los industriales. “Nos tomó por sorpresa una autorización (…) en la cual nos vemos muy defraudados con el Gobierno Nacional porque nos hubiese gustado que defendiera al productor, pero no lo hizo. Realmente se impuso nuevamente la industria molinera y arrodilló al gobierno y a los arroceros en general”, afirmó.
El dirigente recordó que la Resolución 241, firmada semanas atrás, reconocía cerca del 88 % de los costos reales de producción. Ese acuerdo había llevado a los campesinos a suspender las movilizaciones en carretera, pero con la nueva medida, el panorama cambió: “para el ejemplo de Villavicencio quedaba la carga de arroz verde en $182.173 por 125 kilos; esta nueva resolución la deja en $169.000. Esa diferencia de $13.000 pesos por carga significa pérdidas entre $500.000 y $700.000 por hectárea”, puntualizó.
Según Apolinar, los arroceros ya vienen con pérdidas económicas en el precio desde comienzos del año, cuando la carga se pagaba a $196.000. Por eso, advierte que: “Estamos considerando salir nuevamente a las carreteras para que el Gobierno dé cumplimiento a lo que se habla y a lo que se firma y no se arrodille a la oposición dominante de la gran industria colombiana, porque esto realmente es una burla al arrocero colombiano que salió al paro el 14 de julio”.
Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio insiste en que la medida no tendrá efectos negativos sobre el consumidor final y, por el contrario, permitirá dinamizar la oferta de arroz blanco en el mercado. Además, aseguró que habrá un estricto seguimiento a la aplicación del acuerdo para garantizar transparencia en los pagos, respeto a la libre competencia y condiciones que hagan sostenible la producción.
