La Procuraduría General de la Nación solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) estudiar la situación jurídica de Claudia Ximena Calderón León, candidata a la Cámara de Representantes por el Meta por el partido Salvación Nacional, para establecer si existen causales de inhabilidad que puedan llevar a la revocatoria de su inscripción.
El hecho se deriva por un derecho de petición instaurado por Manuel Eduardo Herrera Pabón, en el que se pide una intervención preventiva frente a su aspiración política. En el oficio, el Ministerio Público indicó que el CNE es la autoridad competente para analizar el caso y adoptar las decisiones correspondientes.
“Se procederá a remitir copia del escrito al Consejo Nacional Electoral, quien es la autoridad competente para revocar inscripción por causas legales o constitucionales (inhabilidades)”, señala el documento firmado por el procurador regional de instrucción del Meta, Javier Eduardo Sandoval.
Este requerimiento se da en medio de la investigación disciplinaria que cursa contra Calderón León por presunto “incremento patrimonial injustificado en favor propio y de terceros”. Según la Procuraduría, durante su paso por el Concejo de Villavicencio y la Asamblea del Meta, la entonces funcionaria registró 51 inmuebles a su nombre y al de varios familiares, un patrimonio que superaría los ingresos obtenidos en ambos cargos.
La investigación detalla que 11 inmuebles están a nombre de la candidata, 24 figuran a su madre, Gloria Stella León Hernández; 13 a nombre de su padre, Polidoro Calderón López, y 3 a nombre de su hermano, Andrés Calderón León. Además, advierte que los bienes de su núcleo familiar estarían avaluados en más de $26.000 millones, valores que, según el Ministerio Público, no se compadecen con los ingresos reportados, incluso teniendo en cuenta la actividad comercial de una ferretería registrada a nombre de sus padres.
Por estos hechos, Calderón León es investigada por presunto enriquecimiento ilícito, proceso que también es conocido por la Fiscalía, mientras el CNE evalúa si su situación jurídica podría afectar su permanencia como candidata al Congreso.
