La Corte Suprema de Justicia de Colombia condenó al exgobernador del Meta, Juan Manuel González Torres, por su responsabilidad en un millonario caso relacionado con el manejo de recursos públicos del departamento.
Según la decisión de la Sala Especial de Primera Instancia, González Torres fue hallado culpable de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado a favor de terceros, delitos cometidos de manera continuada durante su administración.
La sentencia fija una pena de 234 meses y un día de prisión, además de inhabilitación para ejercer cargos públicos por más de 19 años y una multa de $21.685 millones. También deberá pagar $1.433 millones como indemnización al departamento del Meta por los perjuicios causados.
La Corte negó cualquier beneficio como prisión domiciliaria o suspensión de la pena, por lo que se ordenó su captura una vez la sentencia quede en firme.
Los hechos se remontan al periodo en el que González Torres estuvo al frente de la Gobernación del Meta entre 2006 y 2007. Durante ese tiempo, el tesorero y el secretario administrativo financiero del departamento firmaron 38 contratos denominados “oferta comercial de cesión de derechos de beneficio con pacto de readquisición”.
A través de estos acuerdos se utilizaron excedentes de liquidez del departamento para invertir recursos públicos en patrimonios autónomos creados por empresas privadas, administrados por fiduciarias como Fiduagraria, Fidupetrol, Fiduvalle, Fidubogotá y Alianza Fiduciaria.
En total, las inversiones alcanzaron $182.000 millones; sin embargo, cuando se cumplieron los plazos acordados, solo regresaron al departamento cerca de $94.282 millones, quedando pendientes más de $87.717 millones.
La Corte concluyó que los contratos se firmaron mediante contratación directa, incumpliendo normas como la Ley 819 de 2003, que regula el manejo de inversiones públicas y establece que estos recursos deben destinarse a instrumentos financieros de bajo riesgo.
Además, el fallo señala que el exgobernador no ejerció el control ni la vigilancia que le correspondía como ordenador del gasto, lo que terminó permitiendo que parte de los recursos públicos quedaran en manos de las empresas contratistas.
