La Contraloría General de la República determinó un hallazgo fiscal por $824.960 millones contra la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), como resultado de una Auditoría de Cumplimiento realizada al Contrato de Concesión 4G de Iniciativa Privada Chirajara–Fundadores y otros contratos asociados al corredor vial, correspondiente a las vigencias 2022-2025.
Durante la auditoría, el ente de control señaló que, aunque las obras del Contrato de Concesión No. 444 de 1994 fueron construidas y entregadas de manera progresiva entre junio de 2015 y febrero de 2024, incluida la construcción del Viaducto Chirajara, un tramo de 6,5 kilómetros de la vía Bogotá-Villavicencio continúa fuera de operación.
Según el informe, la situación se presenta debido a que permanecen sin reparar los daños en el Túnel 13 y el colapso del Puente 1 del sector 3A, registrado el 15 de junio de 2019 cerca del kilómetro 58 del corredor.
La Contraloría también evidenció que, pese a que el Viaducto Chirajara fue terminado el 4 de febrero de 2024, la infraestructura aún no ha sido recibida formalmente por la ANI, no ha entrado en funcionamiento y sigue sin cumplir el propósito para el cual fue construida con recursos públicos. Esta situación, según el organismo, impide la integración funcional del viaducto con la doble calzada Bogotá-Villavicencio y afecta la prestación continua, eficiente y segura del servicio público de transporte.
Durante la auditoría, verificó que un laudo arbitral emitido el 10 de noviembre de 2023 estableció que la ANI asumió el riesgo por la inestabilidad de la ladera ubicada en el kilómetro 58, decisión que, el informe indica, se produjo después de que ocurrieran los daños estructurales en el túnel y el puente.
Ese mismo laudo condenó a la entidad a ejecutar las intervenciones necesarias para reparar el Túnel 13 y el viaducto afectado, con el fin de poner en operación estas estructuras, así como el Viaducto Chirajara y el tramo de doble calzada del que hacen parte.
Para la Contraloría, los hallazgos evidencian que la ANI no ha adelantado de manera adecuada, oportuna ni suficiente las gestiones requeridas para hacer viables y ejecutar las obras necesarias en el Túnel 13 y el Puente 1 (Quebrada Seca), cuya intervención quedó bajo su responsabilidad tras el laudo arbitral de noviembre de 2023.
El organismo de control señaló que han transcurrido más de 32 meses desde la expedición del laudo arbitral y más de 29 meses desde la finalización del Viaducto Chirajara, sin que se haya logrado una solución que permita la entrada en operación de este tramo de la doble calzada.
