La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena contra los exmagistrados del Tribunal Superior de Villavicencio Fausto Rubén Díaz Rodríguez, Joel Darío Trejos Londoño y Alcibiades Vargas Bautista, por favorecer decisiones judiciales a cambio de millonarios sobornos.
La decisión confirma las penas impuestas por la Sala Especial de Primera Instancia. Díaz Rodríguez fue condenado a 128 meses y un día de prisión por prevaricato por acción en concurso homogéneo, mientras que Vargas Bautista y Trejos Londoño recibieron una condena de 120 meses y un día de cárcel por cohecho propio y prevaricato por acción simple.
La investigación reveló irregularidades en dos procesos penales y una acción de tutela, en los que los entonces magistrados habrían emitido decisiones a cambio de dinero. Según el expediente, en uno de los casos se habría pactado un soborno de 2.000 millones de pesos.
Sobre Fausto Rubén Díaz Rodríguez, la Corte concluyó que promovió una decisión para revocar el auto que dejó sin efecto la prisión domiciliaria de Danit Darío Doria Castillo, sustentando su postura en “razonamientos manifiestamente contrarios a la ley, apartándose de forma grosera e injustificada de los hechos probados y del marco jurídico aplicable”.
El alto tribunal también cuestionó que, tras ser derrotada su ponencia, el exmagistrado dejara un salvamento de voto “optando de manera consciente por desconocer pruebas, relativizar hechos plenamente demostrados y construir una argumentación acomodada orientada a favorecer indebidamente al condenado”.
En otro de los hechos analizados, la Corte señaló que Díaz Rodríguez, Vargas Bautista y Trejos Londoño favorecieron mediante una tutela a Hernán Darío Giraldo Gaviria y emitieron un fallo “manifiestamente contrario a la ley, por cuanto, omitieron realizar un examen previo, expreso y razonado del principio de subsidiariedad”, declarando la nulidad de una providencia judicial ya ejecutoriada.
La sentencia también establece que Vargas Bautista y Trejos Londoño habrían acordado un millonario soborno para beneficiar a Marbelly Sofía Jiménez Pérez, procesada por homicidio agravado y concierto para delinquir.
“Durante la vigencia del acuerdo ilícito, entre mediados de 2012 e inicios de 2014, Marbelly Sofía organizó varias celebraciones a favor de los magistrados en el hotel Paloverde, que incluyeron atenciones en comida, licor y servicios prestados por mujeres trabajadoras sexuales como parte de las contraprestaciones asociadas al compromiso ilícito”, afirma el fallo.
El tribunal advirtió además que no se valoró adecuadamente la gravedad de los hechos. “En efecto, se trataba de magistrados con alta notoriedad y reconocimiento en la región, llamados a preservar la legalidad y la recta administración de justicia. No obstante, su comportamiento evidenció un total desprecio por el orden jurídico, dado que, no sólo emitieron decisiones manifiestamente contrarias a la ley, sino que ello representó una verdadera venta simoníaca de la función pública, con el propósito de favorecer ilícitamente a procesados por conductas graves”, concluye la sentencia.
