Los presidentes de Junta de Acción Comunal de los municipios de Mesetas, Vista Hermosa y Uribe (Meta) están siendo amenazados por las disidencias de alias “Calarcá” para que acompañen la reapertura de los diálogos de paz con el Gobierno Nacional, que se adelantan en la vereda El Diamante, en San Vicente del Caguán (Caquetá), límites con el Meta, según informó la secretaria de Gobierno departamental, Andrés Lizcano, a Puntos Suspensivos Noticias.
“Nos preocupa que esta es una reunión convocada con el Gobierno Nacional, y algunos presidentes de Junta de Acción Comunal nos denuncian que los están obligando a asistir. Algunas alcaldías se han comunicado con la gobernación y con el Gobierno Nacional. No se puede obligar a nadie, y menos amenazar con la imposición de multas. Hicimos un llamado de atención a los presidentes de junta; sin embargo, algunos terminaron asistiendo, unos por presión y otros por convencimiento”, afirmó Lizcano.
Ante esta situación, se realizó un consejo de seguridad en el que se estableció que la Defensoría del Pueblo del Meta acompañará a los presidentes de Junta de Acción Comunal en el evento, que inició el domingo y se extenderá hasta el martes 26 de agosto. Se estima la llegada de alrededor de 10 mil personas provenientes de los departamentos de Meta, Guaviare y Caquetá.
Puntos Suspensivos Noticias dialogó con el alcalde de Mesetas, Carlos Pulgarín, quien confirmó que ya informó al Gobierno Nacional sobre esta situación; sin embargo, no ha habido un pronunciamiento oficial. Además, solicitó apoyo de la Unidad Nacional de Protección (UNP) tras recibir amenazas, pero hasta el momento no se le ha otorgado un esquema de seguridad.
“Con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, siempre hemos planteado este tema para avanzar con la UNP. Los alcaldes han reiterado el llamado, pero el apoyo es mínimo. Ellos están protegidos únicamente por hombres de la Policía; sin embargo, no cuentan con vehículos blindados ni otros elementos de protección. De los 29 alcaldes del Meta, todos han solicitado medidas de seguridad a la UNP, pero solo cinco cuentan con esquemas asignados. A los demás les ha tocado alquilar carros o buscar alternativas para movilizarse en sus municipios. Anteriormente, todos los alcaldes tenían su esquema”, puntualizó Lizcano.
