El Equipo Dorado Anticorrupción del proceso de empalme y auditorías forenses del presidente electo Abelardo De La Espriella anunció la presentación de su primera denuncia penal por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Tierras (ANT). El anuncio lo hizo el abogado Germán Calderón España, quien lidera ese grupo, al informar que la acción judicial está relacionada con la adjudicación y titulación de predios destinados a la reforma agraria.
La información fue dada a conocer a través de un mensaje publicado en su cuenta de X, en el que Calderón aseguró que la denuncia hace parte de una serie de acciones sustentadas en convenios, contratos, informes de auditoría forense, publicaciones de medios de comunicación y controles de advertencia emitidos por la Contraloría General de la República que, según afirmó, no fueron atendidos por el gobierno saliente.
La denuncia se centra en un convenio firmado el 18 de marzo de 2024 entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), para la adquisición y entrega de predios sometidos a procesos de extinción de dominio con destino a campesinos beneficiarios de la reforma agraria.Sin embargo, la auditoría financiera de la Contraloría General de la República a la ANT, correspondiente a la vigencia 2025, estableció que la entidad giró cerca de un billón de pesos a la SAE en desarrollo de los contratos interadministrativos 5679 y 13260 de 2024.
Asimismo, Calderón publicó una parte del informe presentado ante la Fiscalía que señala la existencia de un contrato que ascienden a 500.000 millones de pesos. Aunque, según el documento, se habría desembolsado el 80 % de los recursos, la ejecución sería del 0 %, ya que la principal obligación consistía en entregar los predios debidamente escriturados y, de acuerdo con la denuncia, esa condición aún no se ha cumplido.
El cuadro de auditoría advierte que el principal riesgo es que los beneficiarios de la reforma agraria reciban inmuebles sin títulos formalizados ni saneados, lo que podría generar problemas jurídicos sobre la propiedad de los predios entregados.
¿Qué responde la Agencia Nacional de Tierras?
Ande la denuncia, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, se pronunció a través de un video grabado desde la finca La Primavera, en el municipio de Puerto López, Meta, donde presuntamente hace más de 15 días un grupo de paramilitares entró a amordazar a campesinos beneficiarios de la reforma agraria.
“El convenio con la SAE no solamente ha sido un convenio auditado jurídicamente, fiscalmente, sino que además reviste las condiciones y las garantías constitucionales y legales para manifestar su eficacia y la operatividad que ha dado por fin tierra a los más pobres. hoy con este manto de duda lo que se está buscando abiertamente y de manera regresiva es devolverle la tierra a la mafia”, afirmó.
Harman señaló que el pago que se realizó a la SAE “no ha funcionado de una manera mejor que como un fondo de garantías frente a cualquier decisión judicial sobre la relación de las fincas”, para que “en un escenario de un revés jurídico se devuelva la plata equivalente a la tierra y no la tierra”.
“Nos sentimos orgullosos de haberle quitado tierra a la mafia y entregársela a los campesinos de Colombia y estamos listos a defender, en la instancia que sea, en el espacio que sea necesario, el campo y el campesinado en Colombia…Y yo si quiero decirle al nuevo Gobierno que fije una posición: ‘¿realmente quieren devolverla tierra a la mafia”, expresó Felipe Harman.
