El reclutamiento de menores continúa siendo uno de los delitos con mayor subregistro en el Meta, especialmente en zonas rurales, alertó el análisis con corte a diciembre de 2025 del Observatorio de Derechos Humanos. El miedo de las familias, la baja cultura de denuncia y el desconocimiento de las rutas institucionales siguen dificultando la identificación real de casos, especialmente en zona rural del departamento.
De acuerdo con la Unidad para las Víctimas, en el departamento se han registrado 720 niños, niñas y adolescentes víctimas por ocurrencia y 602 por declaración desde 1985 y hasta abril de 2025. Entre 2021 y noviembre de 2025 se reportaron 14 casos de vinculación de menores a grupos armados, una cifra que las autoridades consideran muy por debajo de la realidad.
El informe advierte que estos hechos crece en un escenario de aumento de infracciones al Derecho Internacional Humanitario desde 2024, impulsado por la presencia y reconfiguración de grupos armados que disputan el control territorial en zonas rurales del Meta.
La Alerta Temprana 001 de 2025 identifica al municipio de Mesetas en riesgo extremo e inminente, con hechos documentados de reclutamiento forzado, muerte de menores y afectaciones a comunidades indígenas, docentes y entornos escolares. Asimismo, se reporta con riesgo alto La Macarena, Uribe, Vista Hermosa, Puerto Lleras, Puerto Rico, Puerto Concordia, Mapiripán, Lejanías y Puerto Gaitán. En contexto urbano, la Alerta Temprana 006 de 2024 señala riesgos en Villavicencio por el uso de menores en bandas criminales y microtráfico.
Según el análisis, las principales estructuras responsables son disidencias de las extintas FARC-EP bajo el mando de alias ‘Calarcá Córdoba’ y alias ‘Iván Mordisco’.
Por su parte, el ICBF reportó que en el primer semestre de 2025 atendió 25 casos de menores desvinculados, once de ellos provenientes del Meta, especialmente de Lejanías, Mapiripán, Mesetas, Puerto Concordia y Villavicencio.
Además, la Policía Nacional registró en ese mismo periodo cuatro casos de reclutamiento ilícito y siete procesos de desvinculación. La totalidad de los hechos reportados en 2025 involucró a niñas y adolescentes mujeres, lo que evidencia un riesgo diferencial que requiere atención urgente.
