La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra dos exfuncionarios de la Alcaldía de Puerto López por presuntas irregularidades en un contrato para la adquisición de sistemas de purificación de agua para instituciones educativas del municipio.
Se trata del entonces jefe de Contratación, Rodrigo Andrés Torrez Guzmán, y la exsecretaria de Desarrollo Social y Competitividad, Indira Neibrith Guzmán Medina, quienes para el año 2023 habrían incurrido en fallas durante la estructuración y ejecución del proceso contractual.
Según el ente de control, a Guzmán Medina se le cuestiona por una posible desatención de sus obligaciones legales al definir las condiciones de una contratación directa por más de $5.084.690.250 millones, lo que habría generado un presunto detrimento patrimonial.
Además, la Procuraduría señaló que la exfuncionaria habría omitido informar al ordenador del gasto sobre la inoperancia de los filtros adquiridos. Esta situación estaba respaldada en informes de laboratorio emitidos en agosto de 2023 por la Secretaría de Salud de la Gobernación del Meta, los cuales advertían que el agua tratada no era apta para el consumo humano.
En el caso de Torrez Guzmán, la investigación busca establecer si incumplió su deber de asesorar y revisar los documentos en la etapa de planeación y precontractual por parte de la secretaria de Desarrollo Social y Competitividad, “lo que permitió la celebración del contrato de suministro de manera directa, en detrimento del principio de selección objetiva”, afirma.
El organismo de control considera que estas actuaciones pudieron afectar los intereses económicos de la administración municipal y la función pública, especialmente porque fue necesario restringir el uso de los sistemas de filtración adquiridos.
Finalmente, la Procuraduría calificó las presuntas faltas como gravísimas a título de culpa gravísima por la desatención de normas de obligatorio cumplimiento.
