Procuraduría indaga presuntas irregulares en contratos de filtros de agua en Puerto Gaitán, Meta

Los hallazgos fiscales ascendería a más de $ 14.735 millones.

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar para revisar posibles irregularidades en la contratación y funcionamiento de varios sistemas de potabilización de agua instalados en instituciones educativas y otros espacios públicos de Puerto Gaitán (Meta). Según hallazgos fiscales, los recursos comprometidos superarían los $14.735 millones.

La investigación encontra de funcionarios por determinar, inició luego de denuncias periodísticas publicadas el 25 de enero de 2026, que revelarían fallas en los equipos instalados, dudas sobre las certificaciones técnicas del contratista y cuestionamientos sobre el impacto real de estos sistemas en la calidad del agua que llega a estudiantes y comunidades vulnerables del municipio.

Puntualmente, la denuncia realizada por Noticias Caracol Televisión señala que el proyecto de la Gobernación del Meta durante la administración de Juan Guillermo Zuluaga (2020-2023), presentaría graves irregularidades.

El medio nacional agrega que el plan, ejecutado en municipios como Puerto López y Puerto Gaitán, dejó sistemas de potabilización abandonados o fuera de servicio. En varios centros educativos y hogares de adultos mayores, los tanques no cumplirían con las condiciones para el consumo humano y solo se usan, en algunos casos, para labores de aseo. Además, indica que la Secretaría de Salud del Meta confirmó que, tras analizar 26 muestras, el 88 % del agua no es apta para el consumo.

Asimismo, menciona que la contratación fue realizada de forma directa con la empresa Capital Investment SAS, bajo el argumento de que era la única que ofrecía la tecnología de la marca H2GO Global; sin embargo, se cuestiona la supuesta exclusividad y la validez de certificaciones internacionales, que no aparecen registradas ante los organismos oficiales.

Ante esta situación, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Villavicencio ordenó la recolección de pruebas para verificar lo ocurrido, establecer si hubo faltas disciplinarias e identificar a los funcionarios que habrían tenido responsabilidades en la planeación, firma y supervisión del contrato.