Los soldados profesionales Ángel González Garcés, oriundo de Santander de Quilichao, y Édgar Mina Carabalí, natural de San Antonio (Tolima), del Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.º 12, volvieron a ser secuestrados en zona rural de La Macarena (Meta), apenas horas después de haber sido liberados.
El Brigadier General Carlos Ernesto Marmolejo, Comandante Fuerza de Tarea Omega, explicó: “Después de unas negociaciones con la Misión de Verificación de la ONU y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA), el padre Omar, capellán en la zona de Alto Morrocoy, se desplazó hasta la vereda Alto Quebradón, donde recibió a los dos soldados. Como prueba de su liberación, se envió una fotografía en la que aparecen los jóvenes uniformados; sin embargo, en horas de la tarde, cuando dos vehículos de la MAPP/OEA se dirigían al sitio acordado para recogerlos, la población civil volvió a retener a los soldados”.
El pasado lunes 3 de noviembre, los soldados fueron retenidos en la vereda Getsemaní, zona rural de La Macarena (Meta), durante una operación conjunta entre el Ejército y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. El hecho ocurrió después de que una mujer fuera capturada y el personal del CTI fuera extraído en helicóptero. En ese momento, cerca de 400 personas se habrían concentrado en el lugar, presuntamente bajo presión de integrantes del grupo armado residual (GAO-r) Jorge Suárez Briceño.
Durante la asonada, fueron retenidos un teniente y tres soldados profesionales. Horas más tarde, el oficial y uno de los uniformados fueron liberados, pero González y Mina permanecieron cautivos, Según el Ejercitos fueron obligados a quitarse el uniforme y vestir ropa civil antes de ser trasladados a un lugar desconocido.
¿Qué exigen las comunidades que retienen a los soldados?
De acuerdo con un comunicado firmado por representantes de las 60 Juntas de Acción Comunal de los alrededores de la vereda El Oasis, la retención se produjo como una medida de presión por parte de la comunidad tras la captura de Liceth Daza Hoyos, ocurrida el 3 de noviembre durante un operativo del CTI de la Fiscalía y el Ejército en la finca Villa Valentina.
Según las comunidades, Daza Hoyos no es propietaria del predio donde se realizó el procedimiento ni era el objetivo del operativo. Aseguran además que es madre cabeza de hogar y tiene bajo su cuidado a tres menores de edad, lo que, dicen, la ubica en una situación de especial vulnerabilidad.
En la carta, dirigida a la mesa de diálogo entre el Gobierno Nacional, las FARC-EP y las comunidades, los líderes comunales afirman que la detención de los soldados fue una “garantía” para exigir la presencia de las delegaciones de esas tres partes y solicitar que Daza Hoyos sea incluida en el proceso de negociación relacionado con la liberación de los uniformados.
