La Contraloría Municipal de Villavicencio adelanta una investigación por presuntas irregularidades en la documentación académica presentada por una funcionaria de carrera de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio (EAAV), quien habría obtenido dos ascensos laborales con soportes cuya autenticidad fue puesta en duda tras una denuncia anónima.
El proceso de verificación comenzó luego de que el organismo de control recibiera información sobre posibles inconsistencias en los documentos aportados por Erika Julieth Lozano Bedoya como requisito para acceder a cargos de mayor nivel dentro de la entidad.
Como parte de la auditoría, la Contraloría revisó la hoja de vida de la servidora pública y encontró presuntas irregularidades en los soportes académicos utilizados para acreditar los requisitos exigidos para los ascensos.
Frente a esta situación, el gerente de la EAAV, Mario Castro, confirmó a Puntos Suspensivos Noticias que la funcionaria permanece vinculada a la entidad en el cargo de técnico grado 02, desempeñando funciones de atención al usuario en ventanilla.
“Desde el 2022, en la administración anterior la dejaron ascendida con los documentos que hoy presuntamente tienen inconvenientes. Por ahora estan surtiendose todos los procesos disciplinarios y se estamos a la espera del la decisión que se tome con la pruebas que se presentaron y el sustento dado por la funcionaria”, manifestó el gerente.
De acuerdo con el informe de la Contraloría, Lozano Bedoya ingresó a la EAAV en 2015 como auxiliar administrativa. Su primer ascenso se produjo en noviembre de 2019, cuando pasó a ocupar el cargo de técnico grado 01 en el área comercial, durante la administración del entonces alcalde Wilmar Barbosa y bajo la gerencia de Jaime Jiménez. Posteriormente, en abril de 2023, ya en el gobierno de Felipe Harman, fue promovida a técnico grado 02, nivel que representó un incremento en su remuneración y en las prestaciones sociales.
Durante la revisión documental, el ente de control estableció que el título presentado para acreditar los requisitos del segundo ascenso correspondía, presuntamente, a un diploma y un acta de grado expedidos por la Universidad de los Llanos en convenio con la Universidad del Tolima; sin embargo, tras solicitar la verificación a ambas instituciones, estas informaron que la funcionaria no registra estudios ni título académico en ese programa.
La respuesta remitida por la Universidad de los Llanos señala, además, que Erika Julieth no figura como tecnóloga en Gestión Bancaria y Financiera y que el diploma aportado corresponde a otra persona que sí obtuvo ese título.
Con base en estos hallazgos, la Contraloría remitió el 28 de mayo de 2026 copia del expediente a la Fiscalía General de la Nación para que determine si existen responsabilidades penales por la presunta falsificación de documento público.
Asimismo, el ente de control adelanta un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial cercano a los 280 millones de pesos, cifra que correspondería a los salarios y prestaciones sociales percibidos por la funcionaria durante el tiempo en que ocupó los cargos obtenidos mediante los ascensos que hoy son objeto de investigación.
