El alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero, manifestó su preocupación tras el Gobierno Nacional decidir que, a partir del primero de julio, los municipios deberán asumir con recursos propios el costo de la alimentación de las personas que se encuentran en centro de detención transitorios, también conocidas como “sindicados”. “No tenemos cómo garantizar esta alimentación. Hice una reunión de urgencia con Secretaría de Hacienda y no hay como”, afirmó.
El mandatario señaló que participó de manera virtual en el reciente encuentro de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), donde denunció la falta de recursos para sostener esta responsabilidad, situación con la que también se identifican los alcaldes del país.
“Hoy podemos oscilar entre 600 a 1000 privados de la libertad transitoriamente, entonces serían entre 8000 a 1000 comidas, 3 veces al día (desayuno, almuerzo y cena), que eso representa un costo anual de $8.000 millones a $10.000 millones. Villavicencio no tiene una capacidad económica y financiera fuerte, prácticamente nos obliga a quitar el asfalto de la ciudad”, explicó el Baquero.
Por tanto, desde Asocapitales se expresará al Gobierno Nacional su preocupación y falta de capacidad económica. “Los programas que eran financiados 100 % por el gobierno, poco a poco nos los han ido entregando”, puntualizó
Además, recordó que también se han disminuido los recursos designados para el Plan de Alimentación Escolar (PAE) en un 40 % aproximadamente. “Nos vemos agobiados porque cada vez nos trasladan más responsabilidades a las entidades territoriales y los recursos sí están allá en el gobierno”, sostuvo.