El representante a la Cámara por el Meta, Jaime Rodríguez Contreras, interpuso una acción de tutela contra la Nación, la Presidencia de la República, el Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), con el fin de que se tomen medidas inmediatas frente a la crisis que enfrenta la vía Bogotá–Villavicencio.
Rodríguez argumenta que la situación vulnera derechos fundamentales como la vida digna, la libre locomoción, el trabajo y el ambiente sano de los habitantes del Meta, la Orinoquía y los usuarios de esta carretera.
El congresista señaló que la emergencia en el kilómetro 18+300 y otros puntos críticos ha generado afectaciones económicas y sociales. Según estimaciones regionales, las pérdidas diarias se calculan entre 2.400 y 4.200 millones de pesos, con un acumulado de más de 480.000 millones durante la primera semana de cierre. Sectores como la ganadería, la agricultura, el transporte y el turismo han reportado impactos, entre ellos la muerte de animales por falta de alimento y agua, la pérdida de 400.000 litros diarios de leche, así como desabastecimiento de combustibles en varias estaciones de servicio.
Además, la tutela advierte riesgos para la población, entre ellos accidentes fatales, imposibilidad de transporte de enfermos y amenazas de avalanchas por la caída de material en la vía. Las rutas alternas, indicó Rodríguez, representan un recorrido de hasta 450 kilómetros y 12 horas de viaje.
Entre las solicitudes al juez, el representante pide asignar recursos inmediatos para estabilizar la carretera, declarar la emergencia, implementar un plan estructural permanente, adoptar medidas de contingencia para abastecimiento y someter la gestión a control de la Procuraduría y la Contraloría.
Rodríguez también cuestionó la ejecución presupuestal del Ministerio de Transporte y de Invías. Señaló que en agosto de 2025 apenas se había alcanzado un 20% de ejecución en el Ministerio y un 31% en Invías, según él, contradice el discurso oficial de falta de recursos.
“Esta tutela no es un capricho personal. Es un grito desesperado en nombre de miles de familias que sienten que el Estado los ha abandonado. Los llaneros y la Media Colombia exigimos respeto por nuestra dignidad y soluciones definitivas para la vía al Llano”, afirmó Rodríguez.
