La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó a la constructora Amarilo S.A.S. adoptar una serie de medidas para atender las presuntas deficiencias de construcción detectadas en el conjunto residencial Alborada Hacienda Rosa Blanca PH, en Villavicencio, Meta, tras una investigación preliminar iniciada por denuncias de los propietarios, quienes reportaron posibles daños estructurales y deterioros en distintos sectores del proyecto.
Como parte del proceso, la SIC revisó documentación técnica, planos, memorias de cálculo e informes presentados por los denunciantes, además de realizar una inspección administrativa en la que recopiló registros fotográficos y declaraciones de representantes de la copropiedad, propietarios e integrantes de la interventoría.
“Según la información recaudada, la autoridad evidenció situaciones que podrían afectar los derechos de los consumidores, particularmente en relación con la seguridad de los inmuebles entregados a los propietarios y que, por lo tanto, podrían derivar en riesgos para la salud e integridad de los residentes y de la comunidad en general”, señaló la Superintendencia de Industria y Comercio.
Ante este panorama, la SIC ordenó a Amarilo realizar una evaluación técnica y patológica integral del conjunto residencial, cuyos resultados deberán servir de base para un plan de intervención con cronograma, tiempos de ejecución y las reparaciones que serán asumidas por la constructora.
Mientras avanzan esas evaluaciones, la empresa también deberá implementar de forma inmediata las medidas de seguridad, señalización y aislamiento que sean necesarias para prevenir cualquier riesgo para habitantes y transeúntes.
La autoridad, además, solicitó que la constructora entregue los resultados de la evaluación técnica y el plan de trabajo, así como las respuestas a las peticiones, quejas y reclamos presentados por la administración de la copropiedad desde 2024.
Entre las medidas impuestas también deberá entregar a la administración del conjunto los informes de las visitas técnicas realizadas desde enero de 2025, las pólizas de estabilidad de la obra vigentes y las acciones previstas para corregir las situaciones identificadas.
Finalmente, la SIC recordó que la orden administrativa no admite recursos y advirtió que Amarilo deberá demostrar el cumplimiento de cada una de las medidas dentro de los plazos establecidos, que van de cinco a veinte días hábiles. De no acatar las disposiciones, la constructora podría ser objeto de las sanciones previstas en la Ley 1480 de 2011, conocida como el Estatuto del Consumidor.
