La reunión entre el Gobierno Nacional y los mandatarios departamentales para analizar el Decreto 1474 de 2025 terminó sin acuerdos. La norma, que aumenta del 5% al 19% el IVA y eleva el Impoconsumo a licores y cigarrillos en medio de la emergencia económica, generó un fuerte rechazo por parte de los gobernadores, quienes consideran que pone en riesgo la autonomía territorial y los recursos que financian sectores como salud, educación y deporte.
La posición fue expresada de manera unánime a través de un comunicado de la Federación Nacional de Departamentos (FND), que anunció acciones jurídicas ante la Corte Constitucional para frenar la aplicación del decreto en lo relacionado con estas cargas tributarias.
Tras el encuentro con los ministros de Hacienda, Germán Ávila y el ministro del Interior, Armando Bendettlos los gobernadores señalaron que el decreto pone en riesgo la sostenibilidad financiera de los departamentos y la prestación de servicios esenciales. Por esta razón, los mandatarios conformaron una comisión para intervenir ante la Corte.
¿Qué dicen desde el departamento del Meta?
En el Meta está situación se evaluó durante la Primera Sesión Ordinaria del Comité Departamental contra el Contrabando, donde autoridades, gremios y sector productivo estudiaron los efectos del decreto y el comportamiento del comercio legal de licores y cigarrillos.
El análisis concluyó que el aumento del IVA, sumado al incremento del salario mínimo, podría afectar de manera crítica al sector de bebidas alcohólicas y a la cadena de bares y restaurantes, incentivando la evasión y fortaleciendo los mercados ilegales.
Beatriz Elena Jaramillo de Llano, directora ejecutiva de la Cámara de Industrias Asociadas de Bebidas Alcohólicas (CABA), advirtió que la medida afectaría cuatro frentes: salud pública, recaudo, competitividad y empleo, poniendo en riesgo a pequeñas y medianas empresas. “El contrabando y la adulteración se verán beneficiados, desplazando el consumo legal y aumentando el riesgo de intoxicaciones”, afirmó.
Desde Asobares, su presidente Camilo Ospina afirmó que el panorama ya es crítico: mientras cada día se crean 43 nuevos negocios, se cierran 76 matrículas mercantiles a nivel nacional, tendencia que podría profundizarse con la entrada en vigencia del decreto.
El gerente de Rentas Departamentales del Meta, César Augusto Charry, pidió reforzar la articulación institucional, los controles y la fiscalización para evitar la evasión y proteger los recursos que financian sectores como la salud. En la misma línea, el mayor (r) Germán Mendoza Cruz, coordinador del Grupo Anticontrabando, anunció el fortalecimiento de operativos y acciones conjuntas para frenar el comercio ilegal en el departamento.
