La Junta de Acción Comunal de la vereda Guaduales Nueva Esperanza, en La Macarena, Meta, presentó una denuncia pública en la que atribuye a integrantes del Ejército Nacional presuntas agresiones contra una familia campesina y la muerte de un habitante de la zona. Los hechos, según el documento, habrían ocurrido el 22 de septiembre de 2026.
Según el documento, los hechos se registraron hacia las 12:30 m en una donde se encontraban la campesina Yuli Andrea Motta Tovar, su pareja, Luis Carlos Guerrero Real, y sus dos hijos menores de edad.
La Junta de Acción Comunal sostiene que varios militares llegaron a la vivienda y que Motta Tovar, quien se encontraba trabajando en la finca, habría sido retenida por los uniformados. De acuerdo con la denuncia, la mujer fue “amarrada, golpeada y obligada a que se quitara sus prendas de vestir” mientras era interrogada.
Simultáneamente, según el relato, otro grupo de militares habría permanecido en las inmediaciones de la vivienda con Luis Carlos Guerrero Real y sus dos hijos. La comunidad califica estas actuaciones como una presunta vulneración de los derechos fundamentales de la familia y señala que los hechos ocurrieron en presencia de los menores.
La denuncia señala que alrededor de las 3:35 p.m, el campesino Luis Carlos Mojica Guzmán se acercó a la vivienda para conocer lo que estaba sucediendo. Según la Junta, Mojica Guzmán no portaba armas y habría llegado con la intención de verificar la situación.
El documento recoge testimonios según los cuales los militares le habrían disparado cuando se encontraba cerca de la vivienda. La Junta de Acción Comunal afirma que el hombre fue impactado por un proyectil y posteriormente murió.
“Los testigos, quienes confirman que el señor Luis Carlos Mojica Guzmán no portaba armas y no representaba ningún peligro, pero que a pesar de eso, los soldados cuando le dispararon lo hicieron con sevicia, descargándole un proveedor de fusil mientras les gritaban ‘hijueputa’”, señala la organización comunal.
La Junta agrega en su documento que el Ejército Nacional habría recogido el cuerpo de Mojica Guzmán y cuestiona las circunstancias en las que se produjo el disparo, por lo que solicita que el caso sea investigado por las autoridades judiciales y de control.
La denuncia también relata que, después del disparo contra Mojica Guzmán, se habrían producido nuevos disparos alrededor de la vivienda.
“Al transcurrir el asesinato del campesino, las tropas del Ejército Nacional comenzaron a disparar de manera indiscriminada sin haber un objetivo militar que les representara algún peligro, poniendo a la familia como escudos humanos, violando los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.”
El documento afirma además que otros campesinos que llegaron posteriormente habrían sido interceptados por militares y que algunos fueron “amedrentados”. La comunidad sostiene incluso que uno de ellos habría sido arrojado al suelo y apuntado con un fusil.
Los habitantes que intentaban mediar, según la denuncia, solicitaron a los uniformados que les permitieran ingresar a la finca para sacar a la familia y ponerla a salvo, especialmente por la presencia de los dos menores. La respuesta, de acuerdo con el documento, habría sido negativa mientras continuaban escuchándose disparos y ráfagas, incluso desde un helicóptero que sobrevolaba el sector.
La Junta de Acción Comunal asegura que solo durante la noche la comunidad logró ingresar al lugar donde se encontraba la familia.
En la denuncia se afirma que los campesinos encontraron a Yuli Andrea Motta Tovar y a sus hijos en estado de angustia, y que en el sitio observaron elementos que, según la organización, podrían contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido.
“La comunidad en su ejercicio de verificación de los hechos, encuentran casquillos, impactos de bala y rastros del asesinato del señor Luis Carlos Mojica Guzmán.”
Ante estos hechos, la organización comunal dirigió la denuncia a entidades como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, el Ministerio de Defensa, la Defensoría del Pueblo y autoridades departamentales y municipales.
Entre sus principales exigencias se encuentra la identificación de los militares que participaron en el operativo y una investigación que la comunidad pide que sea “inmediata, independiente, imparcial y exhaustiva”. También solicita esclarecer las circunstancias de la muerte del campesino y las actuaciones de los uniformados.
La Junta pidió además investigar las presuntas vulneraciones sufridas por los menores de edad y el trato denunciado contra la mujer. En el documento se solicita garantizar protección para los niños, familiares y testigos, así como evitar posibles represalias contra quienes hicieron pública la denuncia.
Finalmente, la comunidad reclama “el reconocimiento y protección de la población campesina como población civil” y medidas de reparación y no repetición frente a las situaciones que describe como posibles violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario.
Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo de Paz (Indepaz), a través de su cuenta de X, manifestó su preocupación: “Solicitamos a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo verificar de manera urgente lo ocurrido, y al Ejército Nacional entregar información pública y suficiente sobre la operación y sobre la situación de Luis Carlos Mojica Guzmán.
