En libertad quedaron 13 de las 17 personas señaladas por el Ministerio de Ambiente (MinAmbiente) por su presunta participación en una red criminal vinculada en la deforestación de más de 52.000 hectáreas de bosque en Mapiripán (Meta) y de ocupar ilegalmente 165.000 hectáreas de terrenos de la Nación, entre el 2008 y el 2026.
El Juzgado 101 Penal Municipal Ambulante con Función de Control de Garantías de Villavicencio indicó que no había “inferencia razonable” para imponer la medida de aseguramiento en centro carcelario solicitada por la Fiscalía, según conoció Blue Radio.
En primera audiencia se determinó que serían beneficiados con la decisión, Leonardo Alexis Rondón Sáenz y Liliana Edith Bustos Méndez, así como los familiares del representante a la Cámara por las víctimas del Meta y Guaviare, William Aljure: Vadid Aljure Peña, Tufik Aljure Peña, Loris Aljure Peña y Dumar Gontran Aljure Martínez, quienes fueron imputados por delitos como concierto para delinquir, daños en los recursos naturales, ecocidio, deforestación y fraude procesal.
En una segunda diligencia, recuperaron su libertad al no legalizarse su captura, el exalcalde de Mapiripán Jorge Iván Duque, Eduardo Santos Leguizamo Barreto, Eiby Lucía Rodríguez Lara, John Humberto Rodríguez Gómez, Jorge Avendaño Rodríguez, Andrés Enrique Fonseca Romero, Jaime Romero Romero, Sandra Milena Ladino Ramírez, mientras que Mario Enrique Ibáñez fue cobijado con esta medida tras entregarse voluntariamente.
El próximo 22 de julio se definirá si el ciudadano italiano Carlo Vigna Taglianti, presidente de la empresa Poligrow, dedicada al cultivo y comercialización de palma de aceite, también quedará en libertad o, por el contrario, se le impondrá una medida de aseguramiento privativa de la libertad, a quien la Fiscalía lo señaló como “el líder de una organización criminal dedicada al acaparamiento de tierras de uso baldío, ejerciendo diferentes actividades como ganadería extensiva y la explotación ilícita de recursos naturales”.
A pesar de que se reconoció la gravedad de la afectación ambiental, el juez afirmó inconsistencias y falta de pruebas que permitiera sostener la existencia de una organización criminal.
Además del acaparamiento y desforestación, el MinAmbiente indicó que estas acciones promovieron la apertura de 68 kilómetros de vías ilegales, que atravesaron parques nacionales naturales como Cordillera de los Picachos, Tinigua, Sierra de La Macarena, Reserva Nacional Natural Nukak y Serranía de Chiribiquete.
Asimismo, el ministerio informó que el 12 de junio el Conaldef recibió un mensaje a su correo institucional en el que amenazaba a los funcionarios públicos vinculados a la investigación. También ese día, la ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, recibió una llamada intimidatoria.
