El Gobierno de Abelardo De La Espriella presentó ante la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría y la Procuraduría el llamado Libro de la Verdad, un documento que recoge posibles irregularidades detectadas en la administración de Gustavo Petro. Uno de las páginas se concentra en la gestión de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), entidad que estuvo dirigida por el exalcalde de Villavicencio Juan Felipe Harman.
Según el informe, durante el gobierno anterior se reportó la entrega de 351.463 hectáreas a través del Fondo de Tierras; sin embargo, solo 98.148 hectáreas (apenas el 7 % de la meta 2022-2026) tendrían registro pleno ante Instrumentos Públicos, mientras que otras 206.273 fueron entregadas de manera provisional.
El documento cuestiona que estas cifras fueran presentadas como avances de la reforma agraria pese a que una parte importante de los predios no tendría un título registrado que respaldara legalmente a los beneficiarios.
“Campesinos que hoy creen tener tierra propia, pero que en realidad no tienen un título que los respalde legalmente”, señala el informe al referirse a las entregas provisionales.
El cuestionamiento también alcanza el manejo de recursos públicos. De acuerdo con el Libro de la Verdad, la ANT pagó $979.003 millones por 537 predios de la Sociedad de Activos Especiales (SAE); sin embargo, al 22 de junio de 2026, solo tres de esos terrenos tenían escritura registrada a favor de la Nación.
“El Estado pagó casi la totalidad del dinero, pero no logró consolidar la propiedad de prácticamente ninguno de los predios que compró”, sostiene el documento.
Además señala que la falta de titulación podría tener consecuencias directas para los campesinos beneficiarios. Sin un título registrado, los propietarios tendrían dificultades para vender o heredar los terrenos, utilizarlos como respaldo para créditos y defenderse ante eventuales reclamaciones de terceros.
El informe resume el problema con una crítica directa a la forma en que se presentó la política de tierras. “El manejo de casi un billón de pesos en predios sin registrar no solo representa un riesgo de pérdida de recursos públicos, sino que abre la puerta a litigios de terceros y a posibles hechos de corrupción que el nuevo Gobierno tendrá que enfrentar. La ciudadanía no necesita cifras de hectáreas entregadas; necesita propiedad real, con título en mano”, indica el documento.
