En medio de la controversia por el incremento al impuesto de Industria y Comercio (ICA) en Villavicencio, la alcaldía se refirió a los alcances de la modificación aprobada por el Concejo Municipal mediante el Acuerdo 724 de 2026, que establece nuevas tarifas para ocho sectores económicos.
El alcalde Alexander Baquero defendió la modificación y aseguró que las grandes cadenas comerciales deben hacer un mayor aporte al municipio, a diferencia de los pequeños establecimientos, que no deberían asumir la misma carga tributaria.
“Se hizo una modificación al estatuto de rentas para el Impuesto de Industria y Comercio para que de las utilidades de las empresas pagaran un mayor impuesto a Villavicencio. Defendimos las tiendas de los barrios, no puede ser que los tenderos paguen la misma tarifa que los dueños del Ara y del D1, lo que hicimos fue marcar una diferencia”, afirmó el mandatario.
Baquero también se refirió al posible impacto de la medida en los precios de los productos y señaló que, si las grandes cadenas incrementan sus valores, los consumidores podrían optar por comprar en las tiendas de barrio, donde encuentren mejores precios.
Sin embargo, el concejal Juan Camilo Chávez cuestionó las declaraciones del alcalde y puso en duda que el incremento del ICA se calcule sobre las utilidades de las empresas. Para sustentar su posición, citó el artículo 58 del Acuerdo 515 de 2021, que establece que la base gravable del impuesto está constituida por la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios percibidos en el respectivo año gravable. “Es decir, sobre los ingresos brutos y no la utilidad”, señaló el concejal.
Chávez planteó un ejemplo para explicar las implicaciones de este artículo: un establecimiento comercial que registre ingresos por $2.000 millones, pero que al cierre del periodo no obtenga utilidades, igualmente tendría que pagar el ICA sobre el total de sus ingresos, no sobre las ganancias que haya generado. Con este argumento, el cabildante contradijo la explicación del mandatario sobre el cálculo del impuesto.
La administración municipal también señaló que no de los principales cambios establecidos en el acuerdo corresponde al comercio al por menor de alimentos y bebidas. En este sector, las grandes cadenas pasarán de pagar una tarifa de 2 a 10 por mil, mientras que los pequeños establecimientos conservarán las condiciones actuales.
Al respecto, la secretaria de Hacienda, Yolanda Cardona, indicó que las tarifas modificadas estaban sin actualizar desde 1993 y que no correspondían a la evolución económica de algunos sectores. Según explicó, la medida busca corregir las diferencias que existían entre los grandes establecimientos comerciales y los pequeños negocios.
Además, Cardona puntualizó que el incremento tendrá impacto en aproximadamente el 2 % de los establecimientos de este sector, mientras que el 98 % restante no tendrá modificaciones.
La secretaria agregó que la actualización también contempla ajustes para el sector financiero, las compañías de seguros, las telecomunicaciones y las actividades de arquitectura e ingeniería. En cuanto a los talleres de mantenimiento de motocicletas, el aumento aplicará para los negocios que tengan más de dos establecimientos; los demás conservarán la tarifa vigente.
Frente a las inquietudes sobre posibles incrementos en los recibos de energía, agua y telefonía celular, Cardona aclaró que el Acuerdo 724 de 2026 no contempla modificaciones en las tarifas de los servicios públicos, teniendo en cuenta que la regulación corresponde a otras entidades.
¿Por qué Camacol y Fenalco rechazó el incremento del ICA?
La aprobación del proyecto generó una fuerte reacción en el sector gremial de la capital del Meta. Desde la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) Regional Meta, su gerente Alexander Tovar y el presidente de la junta directiva Juan Francisco Prieto expresaron su “profunda preocupación y desacuerdo técnico” con la norma. El gremio advirtió que la medida generará un “efecto contractivo” que pondrá en riesgo el 10 % del empleo formal de la ciudad, reducirá el flujo de caja de las empresas y frenará la viabilidad de la Vivienda de Interés Social (VIS) y Prioritario (VIP), precios que no pueden ajustarse al estar regulados por topes legales.
Además, Camacol alertó sobre un “efecto cascada” inflacionario en los 34 subsectores de la construcción, estimando un aumento acumulado de entre el 4 % y el 6 % en los costos operativos de las obras. Por esta razón, solicitaron formalmente a la alcaldía y al concejo “la apertura urgente de una Mesa Técnica de Concertación antes de avanzar en los debates definitivos del proyecto”, proponiendo estructurar alternativas fiscales escaladas o incentivos específicos para salvaguardar el empleo y la vivienda de los villavicenses.
Por su parte, Fenalco Seccional Meta, bajo la dirección ejecutiva de Ángela Marcela Vásquez, manifestó su malestar por no haber sido convocados a la construcción de la iniciativa. La directiva señaló que limitar la tarifa preferencial a quienes tengan como máximo dos locales genera “situaciones inequitativas”, ya que el número de puntos de venta no refleja la verdadera capacidad económica de un comerciante, advirtiendo además que el aumento tributario se traducirá en “incrementos de precios, menor contratación o dificultades para mantener abiertos los establecimientos”.
Frente a esta situación, Fenalco solicitó a la administración municipal y a los concejales “que revisen el proyecto y no lo aprueben en sus condiciones actuales”. El gremio pidió abrir un- mesa de diálogo para evaluar la capacidad contributiva real por sector y explorar alternativas enfocadas en “la recuperación de cartera, la eficiencia del gasto público y el fortalecimiento del recaudo existente”, enfatizando que “fortalecer las finanzas del municipio no puede significar debilitar a quienes generan desarrollo económico para nuestra ciudad”, señaló en el comunicado.
