La Junta de Acción Comunal de la vereda Guaduales Nueva Esperanza, en La Macarena, Meta, presentó una denuncia pública en la que atribuye a integrantes del Ejército Nacional presuntas agresiones contra una familia campesina y la muerte de un habitante de la zona. Los hechos, según el documento, habrían ocurrido el 22 de septiembre de 2026.
Según la denuncia, tropas del Ejército Nacional llegaron alrededor de las 12:30 m a una vivienda rural donde se encontraba una Yuli Andrea Motta Tovar y Luis Carlos Guerrero Real junto con sus dos hijos menores de edad. La organización comunal sostiene que los militares habrían actuado de manera violenta y que la mujer fue retenida mientras realizaba labores en la finca.
El documento afirma que la mujer habría sido “amarrada, golpeada y obligada a que se quitara sus prendas de vestir”, mientras era interrogada. Al mismo tiempo, según la versión presentada por la Junta, su pareja y los dos menores permanecieron dentro de la vivienda bajo custodia de los uniformados.
La situación habría continuado durante la tarde. Según el relato, hacia las 3:35 p.m., el campesino, Luis Carlos Mojica Guzmán, se acercó a la vivienda para conocer lo que estaba ocurriendo. La Junta sostiene que el hombre fue atacado con arma de fuego pese a que, según los testigos citados en la denuncia, “no portaba armas y no representaba ningún peligro”.
La denuncia asegura además que los disparos ocurrieron en presencia de integrantes de la familia y que posteriormente el cuerpo habría sido recogido por miembros del Ejército. Los denunciantes califican el hecho como el asesinato de un civil y solicitan que sea investigado por las autoridades competentes.
El documento también relata que, después del disparo, se habrían producido nuevos intercambios de disparos en los alrededores de la vivienda. La comunidad afirma que algunos campesinos que intentaron acercarse para ayudar a la familia fueron alejados por los militares y que, en medio de la situación, se habrían presentado amenazas y disparos.
En horas de la noche, de acuerdo con la denuncia, habitantes de la zona pudieron ingresar al lugar. En el lugar, según la Junta de Acción Comunal, encontraron a la familia en estado de angustia y observaron “casquillos, impactos de bala y rastros del asesinato” de Mojica Guzmán.
¿Qué dice el Ejército Nacional?
El Ejército Nacional respondió a la denuncia presentada por habitantes de la vereda Guaduales Nueva Esperanza, en La Macarena, Meta, y aseguró que la operación señalada por la comunidad ocurrió en realidad en la vereda Itilla, zona rural de Calamar, Guaviare.
De acuerdo con la institución, el operativo fue dirigido contra la estructura Jhon Linares, perteneciente a la facción de alias Calarcá, en el que murió Luis Carlos Mojica Guzmán, conocido como alias Rafael, quien, según el Ejército, hacía parte del anillo de seguridad de alias Rogelio Benavides, señalado cabecilla de esa estructura. Mismo hombre que la Junta de Acción Comunal en La Macarena, Meta, reitera que era un campesino, que “no portaba armas y no representaba ningún peligro”, sostiene la Junta.
El Ejército también negó que ese día se hubieran realizado operaciones militares en la vereda Guaduales Nueva Esperanza.
También indicó que en el lugar fueron incautados cinco fusiles, 14 proveedores para fusil, más de 500 cartuchos y una granada de fragmentación IM26, así como cuatro equipos de campaña y cinco chalecos multipropósito. La institución sostiene que este material era utilizado para el sostenimiento y las acciones armadas de la estructura Jhon Linares.
Frente a esas denuncias, el Ejército aseguró que activó protocolos para verificar las circunstancias y que entregará información a las autoridades judiciales y al Ministerio Público.
Sobre el trato a los civiles que se encontraban cerca del lugar, la institución afirmó que sus tropas adoptaron medidas preventivas para proteger a la población y realizar las respectivas verificaciones de seguridad.
“De acuerdo con los informes disponibles, la maniobra se desarrolló sin tratos crueles, inhumanos o degradantes y dentro de las finalidades de seguridad propias de la operación, estando documentadas en el marco de los actos urgentes adelantados por los funcionarios de policía judicial”, afirmó la institución.
El Ejército señaló además que todavía no es posible establecer jurídicamente si hubo conductas como retención o secuestro, debido a que deben ser determinados por las autoridades que adelantan las investigaciones.
Esta operación, que las autoridades sostienen que se adelantó en Guaviare, señalan que fue ejecutada con participación de la Armada, la Fuerza Aeroespacial, la Policía y la Fiscalía. Sobre las actuaciones posteriores al operativo, el Ejército indicó que el CTI estuvo a cargo de las diligencias en el lugar y que cuenta con elementos materiales probatorios, entrevistas y documentación relacionada con el cuerpo y el material hallado.
