La directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Lina María Garrido, denunció ante la Comisión Quinta del Senado que, durante la administración de Felipe Harman, en menos de un año se habrían entregado tierras al exsenador y exintegrante de las FARC Jorge Torres Victoria, conocido como Pablo Catatumbo, así como a una asociación vinculada a él.
“¿Por qué hoy todavía hay gente esperando cinco, diez años una respuesta de por qué no se les ha entregado tierra?, pero si se preocuparon porque en menos de un año le entregaron a Pablo Catatumbo ¿merece que el Estado le dé tierra?”, expresó Garrido.
Asimismo, la directora insistió en que va a interponer denuncias penales y quejas disciplinarias ante los órganos de control por presuntos hechos de corrupción identificados por medio de auditorías forenses en la entidad: “Ya he puesto algunas denuncias, pero faltan muchísimas más”, afirmó.
Según Garrido, el crecimiento exponencial de los contratos prestación de servicios en la Agencia durante el cuatrienio pasado es una de las denuncias instauradas.
“Estamos hablando que de 1 billón 200.000 millones de pesos, casi medio billón fue para contratos de prestación de servicios. En el total de los cuatro años, 40.000 contratos, 28.000 contratistas; se gastaron 1,6 billones de pesos para contratos de prestación de servicios”, manifestó la directora de la Agencia.
Además, cuestionó que, si la dirección anterior tenía tanto personal “¿por qué tenemos más de 105.000 peticiones pendientes de respuesta? Ahora tenemos más de 600 requerimientos del Congreso de la República que desde 2025 no fueron respondidos”, manifestó.
Asimismo, señaló que, de las 3.900.000 hectáreas fijadas como meta de formalización durante el Gobierno de Gustavo Petro, solo se habría alcanzado el 41 %. Según explicó Lina Garrido, de las 1.500.000 hectáreas previstas para ser entregadas, únicamente se concretó la entrega de 99.477, equivalente al 6,6 %.
La directora también cuestionó el convenio suscrito entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), por cerca de un billón de pesos en predios. Según denunció, en algunos casos se habrían presentado dobles avalúos, terrenos sin vocación agropecuaria y diferencias entre los conceptos agronómicos.
Agregó que con lo del Fondo para la Reparación de las Víctimas, que también es un convenio por más de 500.000 millones de pesos, explicó: “Tenemos casos como en Puerto López, Meta, en el que le entregaron un predio de más de 1.164 hectáreas a una asociación campesina, y la misma representante legal dijo que ellos no eran campesinos, que ellos viven en Villavicencio, pero que les dieron esas hectáreas”.
