La Contraloría General de la República identificó hallazgos fiscales por más de $14.511 millones tras auditorías financieras realizadas a las empresas prestadoras del servicio de energía en Meta, Huila y Nariño. El ente de control señaló que los recursos comprometidos corresponden, principalmente, al pago de sanciones, multas y otras actuaciones que calificó como gastos improductivos.
En el caso del Meta, la Contraloría estableció un hallazgo fiscal por $5.813 millones contra la Electrificadora del Meta, relacionado con el pago de sanciones derivadas de fallas en la puesta en funcionamiento de proyectos de infraestructura eléctrica que afectaron la prestación del servicio.
El principal hallazgo corresponde a $2.926 millones por sanciones impuestas debido a deficiencias técnicas y administrativas en los proyectos de infraestructura eléctrica de Santa Helena y Catama. Según el ente de control, el incumplimiento de las obligaciones adquiridas en los proyectos de expansión del Sistema de Transmisión Regional generó un detrimento patrimonial por una gestión fiscal ineficiente.
Además, la auditoría evidenció otro hallazgo por $2.562 millones, correspondiente a una multa impuesta por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, atribuida a deficiencias en el seguimiento al cumplimiento de las normas para la prestación del servicio y a falencias en la gestión de las obligaciones de la entidad.
En el Huila, la Contraloría encontró hallazgos por $7.274 millones relacionados con el pago de sanciones por parte de ElectroHuila. La principal, por $6.089 millones, fue impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio debido al cobro irregular del derecho a participar en procesos de invitación pública y a restricciones a la libre competencia entre 2019 y 2023. A esto se sumó otra sanción de $1.160 millones por fallas en la calidad del servicio durante 2020 y 2021, impuesta por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
En Nariño, el organismo de control determinó un hallazgo fiscal por $1.424 millones contra Centrales Eléctricas de Nariño. Entre los hechos identificados figuran el pago de una sanción por cobros de consumos mediante un método no autorizado durante la pandemia y un contrato por $350 millones cuyo objeto no fue recibido, debido a incumplimientos y debilidades en la supervisión.
La Contraloría reiteró que el pago de multas e intereses moratorios constituye un gasto improductivo que evidencia fallas en la planeación financiera y en los mecanismos de gestión y control de los recursos públicos.
